La prohibición del uso de la fuerza contra las aeronaves civiles en vuelo

Quizás uno de los principios más importantes que ha consagrado el Convenio de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional,  sea el de la prohibición del uso de la fuerza en contra de aeronaves civiles para repeler violaciones del espacio aéreo. Este principio se encuentra recogido en el Art. 3 bis, que fue introducido mediante el Protocolo de Montreal de 10 de mayo de 1984, adoptado en la Resolución A25-1 de la Asamblea de la OACI en su 25º  Período Extraordinario de Sesiones.  Tal resolución fue motivada por el lamentable acontecimiento que tuvo lugar en septiembre de 1983, cuando una aeronave civil Boeing 747 durante el vuelo 007, que cubría la ruta Nueva York - Seúl de la Compañía Korean Airlines, fue abatida mientras sobrevolaba territorio soviético por aviones de combate de esta nacionalidad[1]. Perdieron la vida 269 personas. El Protocolo de Montreal de 1984 entró en vigor el 1 de octubre de 1998, y hasta la fecha, ha sido ratificado por 144 países que convienen en no recurrir al empleo de las armas en contra de las aeronaves civiles en vuelo que violen su espacio aéreo, bien sea por sobrevolar su territorio sin la pertinente autorización para ello, bien sea porque se tenga la sospecha de que una aeronave civil se está empleando para fines incompatibles con los fines del Convenio. En tal caso el Estado soberano está facultado para exigir el aterrizaje de dicha aeronave en el aeropuerto que a tal efecto se designe, y, en caso de tener que ser interceptada, no se debe poner en peligro la seguridad de la aeronave ni la vida de las personas que viajan a bordo.

También se considera violación del espacio aéreo el sobrevuelo de las zonas prohibidas a las que se refiere el Art. 9. Se trata de zonas cuyo tráfico aéreo se prohíbe o restringe por el Estado por razones de necesidad militar o de seguridad pública. Se requiere que tales zonas tengan una situación y una extensión razonable, de modo que no estorben innecesariamente a la navegación aérea, y que no se aplique ningún tipo de distinción entre las aeronaves  del Estado de que se trate -que se empleen en servicios aéreos regulares internacionales-  y las del resto de los Estados que se empleen en servicios similares. A fin de que  los Estados tengan conocimiento de la existencia de las zonas prohibidas de los  demás, éstas deben notificarse tanto a los Estados contratantes como a la OACI. Además de las zonas prohibidas, los Estados pueden restringir o prohibir temporalmente el tráfico aéreo en todo o en parte de su territorio. Solamente se imponen las condiciones de que dicha medida se adopte en circunstancias excepcionales y que afecte por igual a las aeronaves de todos los Estados contratantes.


[1] MAPELLI LÓPEZ, E.: “Violación del espacio aéreo e interceptación de aeronaves.” Pág. 18. www.mjusticia.gob.es

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