¿Se ajusta la Space Act de los EE.UU. al Derecho Internacional del Espacio?




En esta ocasión,  voy a salir de la temática a la que está dedicada este blog para tratar un asunto relacionado con otra disciplina no menos interesante y tan apasionante como el Derecho Aeronáutico: el Derecho Espacial, al que, dicho sea de paso, pretendo dedicar una sección tan pronto como me sea posible.  La entrada de hoy trae su causa en la noticia que recientemente ha saltado a los medios sobre una polémica ley estadounidense que permitiría la explotación comercial de los recursos provenientes de asteroides y la Luna a empresas de este país.

Tal como informaba el medio especializado infoespacial.com en su artículo publicado el pasado día 10 de diciembre, titulado “EEUU abre la puerta a la explotación minera de los asteroides y la Luna”, Barack Obama ratificaba a finales de noviembre la Commercial Space Launch Competitiveness Act (Space Act), que posibilita la apropiación y explotación comercial por parte de empresas privadas estadounidenses de los recursos naturales hallados y extraídos de dichos cuerpos celestes. La mencionada disposición tiene el propósito de dotar de seguridad jurídica la actividad de empresas como Deep Space Industries y Planetary Resources, entre cuyos proyectos figura la explotación de los recursos lunares y de los glaciares de los asteroides para encontrar una vía de abastecimiento de agua a las bases situadas en órbita, con lo que se reducirían, más que considerablemente, los gastos anuales de envío de agua al espacio para estos fines, cuantificados en torno a los 100 millones de dólares. La explotación comercial de estos recursos está prevista para 2020, tan pronto finalicen las misiones de exploración de la NASA que tendrán lugar entre 2017 y 2019, y se confirme la composición y la aptitud para la explotación de unos 1.500 asteroides considerados de fácil acceso. 

Hasta aquí todo parece razonable y correcto, si es que tales proyectos llegan a hacerse realidad,  pero el foco de la polémica se sitúa en la evidente contradicción entre esta ley y los principios internacionales por los que se deben regir las actividades en el espacio y los cuerpos celestes. Hagamos un breve repaso de estos principios para comprobarlo. 

Pocos años después del comienzo de la Era Espacial[1] la Asamblea General de la ONU adoptó, por acuerdo unánime de sus miembros, la Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, contenida en la Resolución 1962 (XVIII) de 13 de diciembre de 1963. De entre esos principios, habrán de destacarse, a los efectos que ahora interesan, los siguientes: a) utilización y exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad; b) libertad de exploración y utilización del espacio y los cuerpos celestes por todos los Estados en condiciones de igualdad; y c) no apropiación del espacio y de los cuerpos celestes mediante reivindicación de soberanía, uso y ocupación, ni de ninguna otra manera.

Estos principios, por si su adopción por unanimidad en el seno de las Naciones Unidas fuese poco significativa, cristalizaron posteriormente en el texto de dos Convenios internacionales. En primer lugar, en el Tratado General del Espacio de 1967[2], en cuyo art. II consagra el principio de no apropiación cuando dice que “el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.”  En segundo lugar, en el Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 1979.[3]  Aunque a lo largo del texto del Convenio se haga referencia exclusiva a la Luna, se entiende aplicable a todos los cuerpos celestes del sistema solar, salvo que para alguno de ellos entren en vigor normas específicas. (Art. 1.1) 

Las disposiciones relativas a la explotación de los recursos de la Luna y otros cuerpos celestes se recogen en el art. 11 de este Convenio, reiterando la prohibición de apropiación (que no explotación) nacional de los mismos y de sus recursos, sea por entidades gubernamentales, privadas o personas físicas. En esta línea, y con el ánimo de preservar este patrimonio común de la humanidad declarado expresamente en el apartado 1, el apartado 5 señala que los Estados parte se comprometen a establecer un régimen internacional que ordene la explotación de los recursos naturales de los cuerpos celestes cuando ésta sea viable o esté a punto de llevarse a cabo. Este régimen internacional perseguiría los siguientes objetivos: a) desarrollo ordenado y seguro de los recursos; b) ordenación racional de los mismos; c) ampliación de oportunidades para su uso; d) participación equitativa de los beneficios obtenidos, teniendo en cuenta las necesidades de países en desarrollo y los esfuerzos de aquellos que hayan contribuido directa o indirectamente a su explotación; y e) puesta a disposición de los recursos extraídos tanto de los Estados parte interesados como de la comunidad científica internacional con fines de investigación. 

Al hilo de esta cuestión, la fuerza vinculante de los tratados internacionales debe ser recordada. La Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre Derecho de los Tratados, consagra en su art. 26 el principio pacta sunt servanda, (los pactos deben ser cumplidos) apelando a la buena fe de las Partes negociadoras durante la ejecución de un tratado internacional,  de manera que “todo tratado en vigor obliga las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, hasta el punto de que una Parte contratante “no podrá invocar disposiciones de Derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.” (art. 27)En este caso, y suponiendo que  EE.UU. hubiese ratificado el Tratado de la Luna de 1979, existiría un conflicto entre la ley interna y el Convenio internacional en el que la aplicación de la primera habría de ceder en favor del segundo, ya que un Estado no puede desconocer las obligaciones contraídas internacionalmente frente a otros Estados, así sea por motivos de incompatibilidad con su ordenamiento jurídico interno. Pero no se da el caso, ya que EE.UU no llegó a ratificar este Acuerdo. 

Pero ¿significa esto que puede ignorar los principios generales que inspiran el Derecho Internacional del Espacio declarados por las Naciones Unidas en su ya citada Resolución de 1963, entre los que se encuentra el principio de no apropiación? Entiendo que no. Hay que insistir en el hecho de que esta Resolución fue adoptada por unanimidad y que, precisamente por ello, manifiesta el consenso general alcanzado por la comunidad internacional sobre los principios que deben regir la actividad de los Estados en el espacio, por lo que podría ser invocada por cualquier Estado que vea afectados sus intereses, o los intereses generales,  por la actuación de otro u otros. Téngase en cuenta que la Declaración de 1963 hace recaer en los Estados la responsabilidad por las actividades espaciales desarrolladas tanto por sus propios organismos como por entidades no gubernamentales, velando por que aquellas se realicen con sujeción a los principios en ella proclamados.

De todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, si bien está prohibida la apropiación del espacio ultraterrestre, así como de los cuerpos celestes y de sus recursos, sea por reivindicación de soberanía de un Estado,  como por el ejercicio de derechos de propiedad por parte de entidades gubernamentales, empresas privadas  y personas físicas, su explotación o aprovechamiento no les están  vetados, pero siempre y cuando se respeten el resto de los principios actualmente vigentes y ampliamente consensuados para ordenar este tipo de actividades, a saber: el uso en beneficio de toda la humanidad, mantenimiento de la paz y de la seguridad, igualdad, responsabilidad, libertad, y cooperación y asistencia mutua. 

Si esta ley recientemente firmada por el Presidente de los EEUU puede llegar a ser un foco de desencuentros internacionales, lo veremos cuando llegue el momento en que haya de aplicarse de manera efectiva. En primer lugar, la explotación de los recursos naturales de los cuerpos celestes, debe ser una realidad. El tiempo nos lo dirá. 

Imagen: WikiImages (Pixabay.com)


[1] La Era Espacial comienza con el lanzamiento a la órbita terrestre del satélite soviético Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957 durante el Año Geofísico Internacional, celebrado entre el 1 de julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958.
[2] Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Aprobado por la AG en Resolución 2222 (XXI) de 19 de diciembre de 1966. Abierto a la firma el 27 de enero de 1967 y en vigor desde el 10 de octubre de 1967.
[3] Aprobado por la AG en Resolución 34/68 de 5 de diciembre de 1979. Abierto a la firma el 18 de diciembre de 1979, y en vigor desde el 11 de julio de 1984.

Lo más visto esta semana

El Convenio de Montreal de 1999 para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional

La Convención de París de 1919 para la reglamentación de la navegación aérea

Concepto y naturaleza jurídica del fletamento de aeronaves

Los contratos de utilización de aeronaves. Consideraciones generales

El Convenio de Chicago de 7 de diciembre 1944 sobre Aviación Civil Internacional

Las servidumbres aeronáuticas: concepto y clases

Convenios bilaterales en materia de transporte aéreo: las libertades del aire

Formas de abordar la ciberseguridad en la aviación civil

Actualización del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil (PNS)